El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió enviar a juicio de fondo a 35 de los 40 procesados en el caso de presunta estafa contra el Estado dominicano, al tiempo que dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados. La jueza Altagracia Ramírez concluyó que las imputaciones contra esos 35 encartados, entre ellos 23 personas físicas y 12 empresas, se corresponden con los hechos expuestos por el Ministerio Público.
Con esa decisión, permanece bajo escrutinio un expediente que, según el órgano persecutor, se estructuró a partir de acuerdos fraudulentos ligados a expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos para tramitar pagos estatales presuntamente irregulares. De acuerdo con esa versión, parte de los recursos habría sido usada para sobornos, ocultar a los beneficiarios reales y financiar actividades políticas, una acusación que vuelve a colocar en el centro del debate el uso de fondos públicos y los controles institucionales.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana; el exdirector ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo McCabe; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña; la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández; y los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete. El envío a juicio de fondo incrementa la presión para que el proceso avance con transparencia y rendición de cuentas sobre un caso que involucra decisiones estatales y presuntos pagos irregulares.