El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que veta a los extranjeros sin estatus legal del uso de bancos, cooperativas y tarjetas de crédito en Estados Unidos, en una nueva escalada de su política migratoria con impacto directo sobre el manejo de dinero de comunidades indocumentadas. La disposición será aplicada por el Departamento del Tesoro, que queda a cargo de una fiscalización amplia sobre cuentas consideradas sospechosas.
El plan no se limita a impedir nuevas aperturas. También contempla auditorías para detectar, cerrar y confiscar fondos de cuentas que, según la Casa Blanca, sirvan para mover dinero vinculado al tráfico humano o para almacenar beneficios sociales estatales. Trump sostuvo que los recursos retenidos bajo esas investigaciones serán embargados de forma permanente y enviados a las arcas del Estado, en una decisión que eleva la presión sobre el uso del sistema financiero y coloca bajo mayor escrutinio el alcance real de estas facultades.
La orden además elimina una de las vías que permitían la bancarización de migrantes, al rechazar el uso de licencias de conducir emitidas por estados demócratas y antiguos permisos de la gestión anterior. Con ese giro, la administración republicana presenta la ofensiva como una respuesta al flujo migratorio irregular y a las redes que operan en la frontera sur, pero el centro de la medida queda puesto en un esquema de control, cierre de cuentas y decomiso de activos que amplía el poder de intervención del gobierno sobre el sistema financiero.