Nueva York aprobó una legislación que obliga a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a actuar con el rostro descubierto, en una medida que sitúa la rendición de cuentas en el centro del conflicto con la administración federal. La gobernadora Kathy Hochul promulgó la norma apenas 24 horas después de que Tom Homan, encargado fronterizo federal, amenazara con un despliegue masivo en territorio neoyorquino.
Además, el paquete legal prohíbe el uso de cárceles locales para detener personas por causas migratorias y limita los registros en casas, hospitales, iglesias y escuelas sin orden judicial previa. El cambio responde a denuncias de organizaciones de Derechos Humanos sobre abusos cometidos desde el inicio de las deportaciones en masa, en operativos cuestionados por su opacidad y por el uso de máscaras para ocultar la identidad de los oficiales.
La presión para imponer estos límites aumentó tras incidentes como las operaciones en Mineápolis, donde dos personas murieron a manos de agentes federales. Si bien la ley busca reforzar controles institucionales frente al uso de fuerza y la falta de identificación visible, su aplicación se enfrenta a un panorama judicial incierto: en 2025, una norma similar en California fue anulada por un tribunal federal, y se prevé que la administración central recurra la medida en los próximos días.