La Fuerza Aérea Ecuatoriana ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro menores, un caso que volvió a colocar bajo escrutinio la actuación del Estado y el costo institucional de la política de seguridad aplicada en Ecuador. El comandante de la FAE, general Mauricio Salazar, reconoció durante una ceremonia que el Estado es responsable del hecho, mientras familiares y asistentes respondieron con abucheos y gritos de «Estado represor».
Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024, luego de jugar un partido de fútbol en un barrio popular de Guayaquil. La justicia condenó a 11 militares a 35 años de prisión por la desaparición, mientras otros cinco agentes que cooperaron con la investigación recibieron 30 meses de cárcel. La Corte Constitucional determinó que los niños, de entre 11 y 15 años, fueron retenidos «de forma ilegal, arbitraria e ilegítima» y que el Estado falló al no ofrecer información «inmediata» y «convincente» sobre su paradero.
El caso, que estremeció al país tras el hallazgo de los cuerpos calcinados, con rastros de tortura y disparos en la cabeza en la víspera de Navidad, ocurrió en medio de la política de mano dura impulsada por el presidente Daniel Noboa y criticada por organismos de derechos humanos. En el acto también participaron familiares de personas desaparecidas durante su gobierno, en una señal de que las disculpas no cierran las exigencias de verdad, vigilancia institucional y rendición de cuentas.