La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a la República Dominicana entre las economías señaladas por supuestas deficiencias para evitar que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso entren al comercio internacional, una advertencia que vuelve a exponer fragilidades en la supervisión local y eleva la presión sobre un vínculo comercial clave para el país.
La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyó que decenas de países no han adoptado medidas suficientes en esta materia. A partir de ese hallazgo, Washington propuso aranceles adicionales de entre 10 y 12.5 % a importaciones procedentes de 60 economías. Aunque la medida no implica sanciones automáticas, sí coloca a la República Dominicana bajo un escrutinio más estricto en un momento en que Estados Unidos endurece su política comercial con énfasis en derechos laborales, seguridad económica y trazabilidad productiva.
El impacto potencial cobra mayor relevancia por la dependencia dominicana del mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones nacionales alcanzaron 14,645 millones de dólares y 7,124 millones tuvieron como destino Estados Unidos, equivalentes al 48.6 % del total, según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. El intercambio bilateral ascendió a 18,977 millones de dólares. En ese contexto, la inclusión del país en la lista no solo activa una alerta institucional, sino que reabre la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad de prevenir riesgos que puedan traducirse en costos para la economía exportadora.