La Operación XL-526 destapó una presunta red criminal que, según el expediente del Ministerio Público, captaba víctimas mediante anuncios publicitarios y luego las sometía a extorsión y chantaje con un guion previamente diseñado. La investigación señala que la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, utilizaba herramientas tecnológicas y dominaba el idioma inglés, mientras sus integrantes se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para infundir miedo y exigir dinero.
Según el órgano acusador, parte del mecanismo de intimidación consistía en el envío de imágenes de crímenes violentos a las personas contactadas. El expediente también sostiene que los recursos obtenidos presuntamente mediante extorsión, chantaje y estafas eran movilizados a través de criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y plataformas de pago, con el propósito de ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad.
En el caso, el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para diez personas arrestadas y solicitó que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de imputados, víctimas y la presunta existencia de una estructura de crimen organizado vinculada al lavado de activos. El alcance atribuido a la red y la diversidad de mecanismos usados para mover fondos reabren la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad institucional para detectar a tiempo operaciones de este tipo y limitar su impacto sobre la población.