El Senado de los Estados Unidos aprobó por 52 votos contra 47 un paquete de 70.000 millones de dólares para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en lo que se presenta como el mayor logro legislativo de Donald Trump en su segundo mandato. El resultado consolidó la línea republicana en el Congreso y dejó sin efecto los esfuerzos de la oposición por condicionar esos recursos a reformas de Derechos Humanos.
El alcance de la medida va más allá del monto: el nuevo esquema garantiza la operatividad de las agencias antimigración durante los próximos tres años y las protege de futuros cierres de Gobierno o crisis presupuestarias. Ese blindaje, aprobado en medio de una fuerte fractura política en Washington, refuerza una estructura de deportación y vigilancia fronteriza sin que prosperaran los reclamos para revisar sus protocolos.
El acuerdo final se destrabó después de excluir del texto el llamado «Fondo contra la Instrumentalización», un programa de indemnizaciones impulsado por el Ejecutivo que había sido cuestionado por críticos y frenado en los tribunales. Aunque la Casa Blanca consiguió sacar adelante el paquete, la aprobación quedó marcada por los cuestionamientos al contenido de la ley y por el choque entre la victoria política del oficialismo y las demandas de mayor control institucional sobre las agencias migratorias.