El caso de presunta corrupción en el Intrant avanzó a juicio de fondo con el envío de Jochy Gómez, Hugo Beras y los demás imputados, una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de un proyecto de semaforización que, según el Ministerio Público, habría provocado una estafa al Estado dominicano de RD$1,317 millones. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, sostuvo que existen pruebas suficientes para que en esa fase se determine la culpabilidad o no de los acusados.
Tras la decisión, Gómez afirmó: “Se ha demostrado lo que desde el primer día se ha dicho: el Estado ha querido lo mío, yo no me doblegué, e intentan quitármelo”. No obstante, el tribunal dispuso que el expediente continúe su curso y mantuvo las medidas de coerción contra Gómez y Beras, además de renovarlas para los demás imputados. El proceso también incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Atilano Días Warden, Juan Francisco Alvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Váquez y Henry Darío Feliz Cassó, así como a varias empresas señaladas en la acusación.
Aunque la jueza excluyó la calificación de terrorismo por falta de evidencia de una conducta orientada a provocar daños a infraestructuras estratégicas con el fin de atemorizar a la población, dejó en pie el núcleo del caso y rechazó el pedimento de Padovani sobre la instancia privada en el robo de identidad al afirmar la acción pública por afectación del Intrant y al orden público. La apertura del juicio refuerza la necesidad de fiscalización sobre decisiones y contratos públicos que terminan bajo sospecha mientras el impacto recae sobre recursos del Estado y la confianza institucional.