El avance económico de China vuelve a situar en primer plano una cuestión central de la economía política: hasta dónde puede sostenerse un sistema autoritario a largo plazo sin instituciones abiertas ni contrapesos. El planteamiento arranca de un hecho ampliamente reconocido: desde las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978, China pasó de ser una sociedad pobre y mayoritariamente agraria a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con peso manufacturero, infraestructura de primer nivel y capacidad para competir tecnológicamente con Estados Unidos, todo bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, ese desempeño, lejos de cerrar la discusión, refuerza la necesidad de prestar atención a la concentración del poder. La pieza recupera el planteamiento de Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países: la prosperidad duradera depende de instituciones políticas y económicas inclusivas, con poder distribuido, derechos de propiedad protegidos, incentivos a la innovación y participación libre en la vida económica y política. Desde esa lógica, los sistemas extractivos pueden crecer con rapidez durante un tiempo, pero acaban topándose con límites por la restricción a la competencia, la innovación y la destrucción creativa.
De ese modo, el caso chino aparece menos como una refutación definitiva y más como una advertencia institucional. Aunque a simple vista desafía la tesis de que desarrollo y liberalización política avanzan juntos, el contraste entre crecimiento económico y centralización política mantiene abierta la pregunta de fondo sobre la sostenibilidad real de ese modelo en el largo plazo.