La jueza Yanibet Rivas, titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso que todos los imputados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) sean enviados a juicio de fondo. Con esa decisión, el proceso vuelve a concentrar la atención sobre una investigación que debía servir para mejorar la red de semáforos de la provincia Santo Domingo y terminó bajo sospecha por presuntas irregularidades.
Entre los principales acusados están el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, a quien el Ministerio Público atribuye un papel central en el supuesto esquema fraudulento por sus vínculos societarios con Transcore Latam, compañía favorecida en 2023 con un contrato por más de RD$1,300 millones. Ese proceso fue suspendido en ese mismo año por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), tras detectar lo que describió como “un entramado societario difuso”.
El expediente también comprende a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, entre otros involucrados. Luego de la suspensión, el Ministerio Público pidió en octubre de 2024 medida de coerción contra Beras, Gómez, funcionarios y demás señalados. Con su envío a juicio, el caso entra en una etapa decisiva y refuerza la exigencia de vigilancia sobre el manejo de las contrataciones públicas y su impacto en servicios que afectan de forma directa a la ciudadanía.