La República Dominicana vuelve a enfrentar presión en su comercio con Estados Unidos después de ser señalada, junto con otras 59 economías, por importar productos elaborados con trabajo forzoso, una acusación que podría derivar en una nueva barrera arancelaria de entre 10 y 12.5 % para los exportadores dominicanos. Pese a que el Gobierno insiste en que se trata de una política pública de Washington y no de una medida dirigida de manera específica contra el país, el caso vuelve a poner sobre la mesa dudas acerca de la capacidad oficial para proteger la competitividad local frente a decisiones externas que ya inciden en las exportaciones.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, aseguró que sigue el diálogo con las autoridades estadounidenses y que, por ahora, no se ha perdido competitividad. Asimismo, señaló que se están pagando aranceles de 10 %, aunque los productos agrícolas continúan exentos, y afirmó que el sector privado trabaja coordinadamente con el Gobierno. Aun así, la propia investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que según su titular Jamieson Greer concluiría «en semanas», deja abierta la posibilidad de una nueva carga para el comercio dominicano.
A ese escenario se añade las tarifas anunciadas en abril de 2025 por el presidente Donald Trump para la mayoría de los países, incluida la República Dominicana, lo que incrementa la presión sobre un sector exportador que sigue expuesto a decisiones de Washington. Así, la apuesta oficial por el diálogo convive con un panorama de seguimiento obligado a los resultados concretos de esa gestión y a sus efectos sobre la actividad productiva.