El siniestro del Gulfstream G200 Galaxy matrícula N318JF en La Romana ha vuelto a colocar bajo revisión los controles técnicos que rodearon una operación que terminó con la muerte del piloto Erick Javier Diago y del copiloto Rudy Ghazal, ambos ciudadanos estadounidenses. La aeronave llegó desde Puerto Rico, se repostó combustible y despegó con destino a Texas, pero pocos minutos después notificó un desperfecto técnico. Los registros de rastreo de vuelo, reconocidos como evidencia investigativa formal bajo el Anexo 13, documentan dos giros completos sobre el mar y un aterrizaje abortado antes de la aproximación final; luego, el avión salió de la pista, perdió el tren de aterrizaje en terreno no asfaltado y se incendió.
Con base en un análisis CAST elaborado a partir de los datos confirmados de las primeras horas, el FBO de La Romana queda señalado como un nodo crítico aún por examinar, debido a que el reabastecimiento se produjo inmediatamente antes del despegue y el problema técnico fue reportado poco después. El propio enfoque técnico remarca que esa hipótesis debe resolverse con evidencia física y con los registradores de vuelo, lo que refuerza la necesidad de una pesquisa rigurosa antes de cerrar conclusiones.
El texto recuerda además que el Anexo 13 del Convenio de Chicago de 1944, del cual República Dominicana es Estado Contratante, establece que la investigación de accidentes existe para evitar que vuelvan a repetirse. También fija que la notificación a los Estados involucrados debe hacerse sin demora y que la investigación debe iniciarse de inmediato. En ese marco, el caso no solo deja pendiente una explicación técnica, sino que también pone a prueba la vigilancia institucional sobre si todos los eslabones de control y respuesta están siendo revisados con la profundidad que exige una tragedia de esta magnitud.