El debate sobre soterrar cables en Santo Domingo vuelve a dejar al descubierto una realidad que va mucho más allá de una solución visual inmediata: la ciudad arrastra restricciones de espacio, cruces de infraestructuras y una coordinación pública que durante años no ha conseguido resolverse. Aunque el soterramiento de redes suele presentarse como respuesta a la contaminación visual del cableado aéreo, el propio escenario urbano evidencia que el problema no depende solo de recursos, sino también de planificación territorial y de la convivencia entre distintos servicios en un mismo subsuelo.
De acuerdo con el enfoque expuesto, buena parte del cableado visible corresponde a redes de telecomunicaciones, pero el desafío no se reduce a retirar tendidos en desuso. En los postes se sostienen redes eléctricas de alta, media y baja tensión, además de telecomunicaciones y alumbrado público, mientras que bajo las calles ya operan drenajes, alcantarillados y otras infraestructuras que limitan el margen para nuevos proyectos. Esa superposición, advertida también por el urbanista Marcos Barinas Uribe y representantes del sector de telecomunicaciones, marca la distancia entre las soluciones que suelen plantearse y la complejidad real de llevarlas a cabo.
El caso deja una alerta institucional sobre la gestión urbana: centrar la discusión únicamente en los cables más visibles simplifica un problema acumulado durante décadas. En una ciudad donde varios sistemas han crecido de manera paralela, cualquier propuesta de reorganización o soterramiento obliga a una fiscalización más estricta sobre la capacidad de planificación, coordinación y respuesta de las autoridades frente a una demanda ciudadana que sigue sin una salida simple.