La medida de coerción contra diez imputados vinculados a la presunta red desmantelada en la operación XL526 fue aplazada nuevamente hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana, en una demora adicional que deja sin resolución un proceso ya afectado por dos suspensiones previas y una interrupción en audiencia. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, explicó que la suspensión obedeció a la carga laboral del tribunal y a las limitaciones de una sala que trabaja en horarios matutinos y vespertinos.
En la jornada, el Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras los abogados de la defensa continuaron cuestionando la consistencia de las pruebas. Elvin Domínguez afirmó ante el tribunal que el expediente no incluye víctimas plenamente identificadas y señaló: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. Además, puso en duda evidencias obtenidas en allanamientos realizados en 2024, al alegar que algunos elementos habrían sido incorporados de nuevo a la investigación actual.
A esas observaciones se añadió José Reinoso, quien indicó que parte de la acusación se sustenta en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin que se hayan presentado documentos originales que establezcan una relación. El nuevo aplazamiento, unido a los cuestionamientos de la defensa, vuelve a situar el foco sobre la necesidad de que el proceso avance con mayor solidez y sin más dilaciones en un caso de alto interés público.