La denominada Rape Gang Inquiry ha difundido un informe privado que concluye que redes organizadas de explotación sexual infantil actuaron durante décadas en varias zonas del Reino Unido mientras se acumulaban fallos sistemáticos de las instituciones públicas encargadas de proteger a las víctimas. El documento, de 219 páginas y sin carácter oficial, sostiene que las autoridades británicas no respondieron con eficacia pese a las denuncias y a las señales reiteradas sobre estos abusos.
El trabajo reúne testimonios de supervivientes, familiares y denunciantes, y apunta que la falta de reacción de cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos y otros organismos públicos favoreció que los delitos se mantuvieran durante años sin una respuesta adecuada. De acuerdo con el resumen ejecutivo, la mayoría de las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, captadas con engaños, alcohol o drogas y después sometidas a explotación sexual por grupos organizados en distintas localidades.
Ante ese panorama, los autores reclaman cambios profundos en los sistemas de justicia y de protección de menores. Entre las recomendaciones incluidas figuran el endurecimiento de las sanciones, mejores mecanismos para registrar información sobre agresores, un mayor intercambio de datos entre agencias y medidas de rendición de cuentas para las instituciones que incumplan sus obligaciones legales, en un nuevo llamamiento a la vigilancia y al control sobre organismos que, según el informe, fallaron durante años.