La fórmula anunciada por la administración para enfrentar la crisis vuelve a poner bajo la lupa una inquietud conocida: quién terminará asumiendo la factura. Aunque el paquete contempla iniciativas para facilitar operaciones de pequeñas empresas y mejorar la recaudación fiscal, la discusión de fondo sigue intacta: si se trata de una respuesta estructural o de medidas temporales que, como ha ocurrido otras veces, acaban trasladando costos a la población.
El antecedente que pesa sobre cualquier ajuste es claro. Cada vez que se presentan medidas para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos a mayores precios, nuevas cargas tributarias o incrementos en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones anunciadas por el Gobierno no pueden medirse solo por su propósito declarado, sino por su efecto real sobre los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores han venido señalando durante años: debilidades en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras insuficiencias que siguen sin resolverse de raíz. En ese marco, el debate no es únicamente técnico. También exige rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las fallas del sistema o vuelve a cargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.