La gestión del gasto en salud mental vuelve a poner en evidencia la distancia entre lo que el Estado promete y lo que efectivamente asegura. Aunque la Ley n.º 12-06 consagra el derecho a una atención digna y de calidad, el propio diseño presupuestario descrito en el texto impide materializarlo, dejando a los ciudadanos entre normas que reconocen derechos y una estructura pública que no ofrece una salida real.
La contradicción principal es que, por lo general, esa área recibe apenas alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, pese a los anuncios de aumento y a que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. El contraste se acentúa porque, según los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
Como resultado, el sistema deja la atención psicológica y psiquiátrica convertida en un derecho formal que se vuelve un laberinto burocrático, legal y económico para quien busca ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto lanza una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando el costo de esa incoherencia a los pacientes y a sus familias.