El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) ha anunciado la realización de su Primera Subasta Pública de 2026, programada para el 13 de mayo. Aunque la institución reporta un total de 345 participantes inscritos, la situación plantea serias dudas sobre la efectividad y transparencia de su gestión.
A pesar de que el Director Ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, destaca la confianza ciudadana en el proceso, la realidad es que la sociedad civil ha manifestado preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y los resultados tangibles en la administración de los bienes incautados. La transmisión en vivo de la subasta, aunque un paso hacia la transparencia, no puede ocultar la necesidad urgente de una fiscalización más rigurosa y de un compromiso real con la lucha contra la corrupción.
La realización de esta subasta debe ser vista como una oportunidad para que el Incabide demuestre su capacidad de gestión y su compromiso con la transparencia. Sin embargo, la falta de resultados claros y la desconexión del poder con las necesidades de la ciudadanía generan un clima de desconfianza que no puede ser ignorado. La vigilancia y el control por parte de la sociedad civil son más necesarios que nunca para asegurar que este proceso no se convierta en una oportunidad perdida.