Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas de impulso al crecimiento, simplificación fiscal y respuesta a la crisis internacional, no ataca el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Aun así, defendió la iniciativa como una salida viable para el momento actual y recordó que el país sigue a la espera de un pacto fiscal más amplio.
En una conversación con Despierta con CDN, explicó que la ley pretende reunir nuevos ingresos, dar alivios a sectores productivos y corregir distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación extra de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación e incentivos a la inversión. Pese a ello, el propio funcionario puso el límite de la pieza al admitir que no resuelve el fondo del desequilibrio fiscal.
Díaz afirmó además que la Ley 30-26 no debe interpretarse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Detalló que incorpora cambios al Código Tributario, la formalización de acuerdos de pago, la regulación de descuentos por pronto pago y la actualización de definiciones. También señaló que su entrada en vigor será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tardará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres. Otras disposiciones empezarán a aplicarse desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.