La segunda vuelta presidencial en Colombia, celebrada el 21 de junio, añadió otro país a una corriente regional de liderazgos que han hecho de la seguridad y el orden su principal bandera. Abelardo de la Espriella, abogado y empresario que asumirá el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, venció por una diferencia cercana a un punto porcentual al senador Iván Cepeda, en una de las disputas más ajustadas de la historia reciente colombiana.
En campaña, De la Espriella concentró su mensaje en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados, además de la reducción del tamaño del Estado y la baja de impuestos. Entre sus planteamientos están diez cárceles de máxima seguridad gestionadas por empresas privadas, inspiradas en el modelo salvadoreño, junto con el bombardeo de campamentos de grupos ilegales y el regreso de la fumigación aérea contra cultivos de coca. El presidente electo se ha declarado admirador de Nayib Bukele, Javier Milei, Donald Trump y José Antonio Kast, y Trump respaldó públicamente su candidatura.
El precedente de El Salvador se mantiene como el referente más visible de esta tendencia. Desde 2022, Nayib Bukele sostiene un régimen de excepción bajo el cual las fuerzas de seguridad han encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros, muchos de ellos en una megacárcel construida para ese propósito. Aunque el gobierno salvadoreño atribuye a esa política una fuerte caída en los homicidios, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones sin debido proceso y una concentración de poder en torno al presidente. En esa tensión entre resultados exhibidos y costos institucionales, varios analistas sitúan la principal advertencia sobre una fórmula que gana espacio en la región, pero que sigue bajo escrutinio por sus efectos sobre la democracia y los controles del poder.