Un estudio presentado por el Ministerio de Medio Ambiente dejó en evidencia la tensión entre el valor económico de los ecosistemas marinos y costeros y su deterioro ambiental. La evaluación estima que estos espacios generan US$1,792 millones anuales para la economía dominicana, pero al mismo tiempo alerta sobre pérdida de manglares, daño en arrecifes y erosión en cerca del 70% de las playas.
El dato refuerza la necesidad de que las autoridades pasen de la exposición del diagnóstico a medidas verificables de protección y recuperación. En un contexto donde el propio Gobierno reconoce el deterioro, el interés público no está solo en el monto económico atribuido a estos ecosistemas, sino en la capacidad institucional para frenar su degradación, definir prioridades y transparentar los resultados de la intervención oficial.
La presentación del estudio también abre preguntas sobre seguimiento, financiamiento y cumplimiento de políticas de conservación. Si los ecosistemas costeros sostienen una parte relevante de la economía, la gestión pública deberá demostrar con acciones concretas cómo se protegerán los manglares, los arrecifes y las playas más afectadas, y con qué mecanismos se medirá el impacto de esas decisiones.
El informe no solo cuantifica un aporte económico; también expone una alerta ambiental que compromete planificación, supervisión y rendición de cuentas. La lectura de fondo es que el deterioro costero no puede quedar en una constatación técnica, sino traducirse en una respuesta pública sostenida y evaluable.