A poco más de un mes de que empiece a regir el nuevo Código Penal, el respaldo expresado por el jurista Julio César Castaños Guzmán convive con un escenario de cuestionamientos que todavía no se cierra. Aunque defendió que la nueva legislación supone un avance frente al marco anterior, varios sectores ya depositaron recursos ante el Tribunal Constitucional contra distintos artículos, dejando bajo vigilancia una norma que comenzará a aplicarse el próximo 3 de agosto.
Castaños Guzmán sostuvo que el nuevo código reemplaza una estructura legal que venía desde 1884 y que, según explicó, estaba devastada en términos de actualización. En ese sentido, afirmó que la nueva ley es «mejor que lo que había», aun con imperfecciones, porque incorpora tipos penales que antes no estaban integrados orgánicamente, como el feminicidio, la sanción del bullying (ciberacoso), el no perimir de la corrupción administrativa y los crímenes electrónicos.
Aun así, el propio jurista advirtió que la sociedad irá conociendo sus defectos a partir de la aplicación que hagan jueces, abogados y juristas. Esa admisión, unida a las acciones ya sometidas ante el Tribunal Constitucional, coloca el foco en la necesidad de fiscalización institucional sobre una reforma presentada como actualización del sistema jurídico, pero que todavía enfrenta objeciones relevantes antes de su entrada en vigor.