Cuatro años después del asesinato de Basilio Guzmán, el expediente sigue dejando una sensación incómoda: en una zona donde había 22 cámaras, vigilancia pública y privada, patrullaje frecuente y cobertura del 9-1-1, aún no aparece una respuesta completa sobre quién ordenó el crimen.
El hecho, por la cantidad de recursos de seguridad que rodeaban el área, volvió a poner sobre la mesa un problema institucional que no se resuelve con declaraciones ni con el paso del tiempo: si las reglas de investigación y de protección de la vida son iguales para todos, también debe serlo la capacidad del Estado para esclarecer un homicidio de alto impacto.
La persistencia de preguntas sin contestación afecta la confianza pública. Cuando un caso con múltiples puntos de observación y supuesta cobertura preventiva sigue sin una explicación definitiva, la discusión deja de ser solo policial y pasa a ser de institucionalidad, transparencia y resultados.
En ese contexto, el caso de Basilio Guzmán no solo recuerda la violencia del crimen, sino también la exigencia de una respuesta judicial e investigativa que esté a la altura del aparato de vigilancia que existía en la zona. Cuatro años después, lo que sigue pendiente no es un detalle menor: es la verdad completa sobre lo ocurrido y sobre las responsabilidades detrás del asesinato.