Las juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron el miércoles una demanda contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, en un caso que vuelve a situar bajo la lupa el uso del poder político frente a instancias judiciales internacionales. En una corte de Nueva York, Kimberly Prost, de Canadá; Solomy Balungi Bossa, de Uganda; y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, de Benín, sostienen que las medidas en su contra «no tiene precedentes» y buscan «ejercer presión extrajudicial».
El escrito, de 66 páginas, solicita levantar las sanciones y alega que estas penalizan a las juezas por decisiones judiciales previas, además de intentar obligarlas a anteponer intereses privados a los casos resueltos sobre la base de la ley y los hechos. De acuerdo con el expediente, las medidas equivalen a «la pena de muerte financiera», porque les bloquean el uso de tarjetas de crédito, el acceso a servicios bancarios y plataformas como Amazon y Google.
La administración Trump ha sancionado a por lo menos 11 funcionarios de la CPI, entre ellos su fiscal jefe, con prohibiciones de viaje y congelación de activos. Muchas de esas medidas se han tomado en represalia por investigaciones de la corte sobre Israel, aliado clave de Estados Unidos. En 2024, la CPI emitió una orden de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra.
Junto con Trump, la demanda incluye a Marco Rubio, Scott Bessent, Todd Blanche y Bradley Smith. Estados Unidos figura, junto a Israel y Rusia, entre los países que no reconocen a la CPI, respaldada por casi todas las democracias occidentales.