La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por causarle la muerte de un disparo, concentrara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en la preocupación por su seguridad. Más allá de esa versión, el episodio reabre la brecha entre el discurso oficial sobre la reforma y la continuidad de hechos con alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca buscó provocar una tragedia mientras cumplía con sus funciones. Al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista aseguró además que su representado contemplaba ofrecer disculpas públicas a los parientes de la víctima.
La defensa agregó que Moreta Heredia teme por su integridad física ante la indignación social que ha despertado el caso, y por eso pidió que sea enviado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, esa solicitud no despeja la pregunta de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor de la actuación de un agente, el expediente suma otra señal de alarma sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un escenario en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en mostrar avances en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.