La Suprema Corte de Justicia volvió a emitir un revés contra el Aeropuerto Internacional de Bávaro y puso otra vez en primer plano una secuencia de decisiones públicas que terminaron enfrentándose con la ley. La Tercera Sala, en funciones de corte de casación, rechazó un recurso del AIB y declaró inadmisibles otras dos acciones promovidas por el Grupo Abrisa, en un expediente que refuerza la advertencia institucional sobre proyectos impulsados sin cumplir las reglas.
La sentencia también consideró contrario a la norma jurídica el decreto 270-20, emitido durante la administración de Danilo Medina para aprobar y promover la obra. Ese señalamiento enlaza el caso con una serie de decisiones políticas que después fueron desmontadas en los tribunales. Aunque el presidente Luis Abinader había derogado ese decreto luego de un fallo previo de la propia SCJ, el nuevo revés deja claro que la corrección llegó cuando el Estado ya estaba comprometido en un proceso objetado por su base legal.
El tribunal, además, ratificó lo resuelto por el Tribunal Superior Administrativo frente a los intentos del AIB de revertir la prohibición de continuar el proyecto. En su decisión, la SCJ desestimó los planteamientos de la empresa y dejó asentado, con opinión mayoritaria encabezada por Manuel A. Read Ortiz, que el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB se otorgó en circunstancias irregulares y fuera de los procedimientos previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como de los principios de publicidad, transparencia e igualdad recogidos en la Constitución y en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
Más que una disputa empresarial, el caso vuelve a mostrar el costo institucional de decisiones públicas mal sustentadas: un proyecto paralizado, años de litigios y otra señal de que el discurso sobre legalidad y transparencia solo se sostiene con fiscalización constante y rendición de cuentas efectiva. El expediente deja en entredicho tanto el decreto firmado en la pasada administración como la capacidad del Estado, ya bajo el actual gobierno, de impedir que este tipo de controversias sigan prolongándose.