La Audiencia de Málaga ha impuesto 52 años de prisión a un sacerdote por agredir sexualmente a cuatro mujeres, a las que sedaba y grababa sin su consentimiento. La sentencia no se queda en la pena: también pone el foco en los vacíos de vigilancia que permitieron que los hechos se produjeran dentro de una relación de confianza forjada en espacios religiosos.
La resolución, conocida este jueves, acoge la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. Según el tribunal, el condenado aprovechó su participación en distintas instituciones religiosas para ganarse la confianza de las víctimas, con las que mantenía una relación de amistad nacida en esas actividades. Después les suministraba una sustancia de composición no determinada, que les provocaba una profunda somnolencia y pérdida de conciencia, y así cometía las agresiones sexuales.
La sentencia le impone 12 años de prisión por cada uno de tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, agravados por abuso de confianza, además de 13 años de alejamiento respecto de esas tres víctimas. Por un cuarto delito continuado de abuso sexual, también agravado por abuso de confianza, suma otros cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento de cinco años respecto de la cuarta mujer.
A ello se añaden 12 años más por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, al haber grabado a las víctimas. El fallo también fija indemnizaciones superiores a 400.000 euros y establece la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Málaga, con lo que el caso trasciende el plano individual y alcanza a la fiscalización institucional.
Más allá de la gravedad de los hechos, la decisión judicial deja sobre la mesa el contraste entre el espacio de confianza en el que ocurrieron y la obligación de responder también por la estructura vinculada al condenado. La sentencia plantea así una exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre los entornos en los que el abuso de poder puede esconderse detrás de la autoridad y la cercanía.