República Dominicana figura como el segundo mayor exportador de zonas francas en Centroamérica y el Caribe, con US$7,833 millones, solo por detrás de Costa Rica, que lidera con US$9,509 millones, según el informe Zonas Francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región, elaborado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El dato confirma el peso del régimen en el comercio exterior, pero también deja abierto el contraste entre volumen exportador y la presión ciudadana por resultados más palpables en empleo, servicios y costo de vida.
El estudio indica que las zonas francas de América Latina superan los US$61,000 millones en exportaciones y se consolidan como uno de los principales motores del comercio exterior regional. En varios países, incluso, representan más de la mitad de las exportaciones nacionales. En ese escenario, la posición dominicana no solo se lee como una fortaleza productiva, sino como una señal de que cualquier discurso de éxito exige fiscalización sobre cuánto de ese dinamismo se traduce en bienestar concreto y cuánto sigue quedándose en cifras macroeconómicas.
Después de Costa Rica y República Dominicana aparecen Honduras, con US$6,131 millones; Puerto Rico, con US$5,683 millones, y El Salvador, con US$5,600 millones. También figuran Uruguay, Chile y Nicaragua entre las economías con mayor volumen exportador desde estos regímenes. La comparación regional refuerza una alerta institucional: en un momento en que las cadenas de suministro y el nearshoring elevan el interés empresarial, quedarse en el segundo lugar no basta si no se acompaña de estabilidad regulatoria sostenida, infraestructura logística eficiente y una gestión pública capaz de convertir la oportunidad en desarrollo verificable.
El documento atribuye ese mayor interés a países con infraestructura logística, estabilidad regulatoria y acceso preferencial a mercados internacionales. Además, señala que las zonas francas concentran manufactura, dispositivos médicos, logística y servicios empresariales, sectores cada vez más relevantes para atraer inversión extranjera directa. Precisamente por eso, el debate de fondo deja de ser propagandístico: si el país ya tiene escala exportadora, la exigencia pasa por vigilar la calidad de la gestión, evitar que el impulso se agote en titulares y medir si esa ventaja realmente se traduce en mejores condiciones para la población.