El Gobierno dominicano puso en marcha junto a la Universidad de Texas en Austin un estudio para evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas terrestres y marítimas del país, una iniciativa que se prolongará hasta marzo de 2027 y que, más allá del anuncio oficial, reabre la exigencia de vigilancia sobre el uso de recursos públicos y la distancia entre las promesas energéticas y los resultados palpables. El proyecto, desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas con el Buró de Economía Geológica de esa universidad, busca actualizar la base de datos geológica nacional y producir información técnica para futuras decisiones de exploración e inversión.
El ministro Joel Santos lo presentó como un paso estratégico para la seguridad energética y para ampliar el conocimiento sobre recursos naturales, incluidos petróleo, gas y minerales críticos como las tierras raras. Pero el propio calendario del plan confirma que, por ahora, el país recibe otro proceso de estudio y no una respuesta inmediata a sus necesidades. Santos sostuvo que la investigación permitirá contar con datos más precisos sobre el potencial de hidrocarburos y facilitará evaluar oportunidades de exploración y explotación con mayores niveles de certeza, además de hacer más competitivo al país para atraer inversión extranjera en el sector energético. Ese discurso oficial coloca el foco en expectativas futuras, mientras queda abierta la pregunta sobre la rendición de cuentas: qué prioridad presupuestaria tendrá el proyecto, cómo se traducirá en decisiones concretas y qué impacto real tendrá sobre la seguridad energética que hoy se invoca. En un contexto donde el Gobierno insiste en vender planificación y modernización, el inicio de un estudio que concluirá en 2027 también expone el desgaste de una gestión que sigue pidiendo confianza a largo plazo sin presentar todavía resultados verificables para la población.
La apertura del proyecto, encabezada por una delegación de la Universidad de Texas dirigida por Mark Shuster, vuelve así a colocar sobre la mesa una alerta institucional básica: el país necesita información técnica seria, pero también control político y ciudadano para que estos anuncios no terminen convertidos en otra promesa oficial sin consecuencias visibles en la vida diaria ni explicaciones suficientes sobre su costo y su ejecución.