La noche del domingo quedó marcada en El Seibo por la muerte de Librand Alexander Tavares Montero, un joven de 22 años, luego de un incidente en un retén policial en la carretera entre El Seibo y Las Cuchillas. Su fallecimiento provocó una protesta que derivó en barricadas, piedras, botellas rotas y neumáticos encendidos en distintos sectores del municipio.
De acuerdo con el testimonio de los jóvenes que lo acompañaban, un agente le indicó que se detuviera para una fiscalización de rutina y, segundos después, un uniformado lo habría golpeado con un casco protector. Ese hecho, que habría resultado fatal, comenzó a circular primero como versión en la sala de emergencias del hospital Doctor Teófilo Hernández y luego se propagó por celulares y redes sociales, alimentando la indignación en barrios como La Jabilla, Cañada Francisca, Loma de Los Chivos, Ginandiana, El Retiro, Los Hoyitos y Villa Guerrero.
La reacción oficial llegó con el despliegue de un amplio contingente policial y el uso de bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Con eso, el escenario que dejó la noche en El Seibo fue el de una crisis que pasó de una intervención policial a un estallido de rabia colectiva, entre humo, cenizas y calles tensas.
Aunque las autoridades han comenzado a actuar tras lo ocurrido, el episodio mantiene abierta la demanda de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y sobre el deterioro de la confianza ciudadana. En una provincia golpeada por la muerte de un joven y por la respuesta desesperada de sus barrios, la urgencia ya no se limita a contener la protesta, sino a explicar por qué una fiscalización terminó con un costo humano y social de esta magnitud.