Azua cerró el primer semestre con una señal de desgaste en la gestión pública: más de la mitad de sus proyectos de inversión siguen sin ejecución financiera, aunque cuentan con presupuesto aprobado. De los 61 proyectos registrados en la cartera pública, 38 permanecen con montos devengados en cero y solo 23 muestran algún nivel de avance, según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
La provincia dispone de RD$2,556.2 millones para inversión pública, pero el monto devengado asciende a RD$1,344 millones, equivalente a 52.6%. Sin embargo, esa cifra no muestra una ejecución equilibrada, sino la concentración del gasto en un grupo reducido de obras, mientras una parte importante de la cartera continúa sin reflejar resultados para la población.
Entre los proyectos con mayores asignaciones que todavía no registran desembolsos figuran la construcción de la Circunvalación de Azua, primera etapa, con RD$310.4 millones presupuestados, y un centro universitario regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con RD$18.9 millones asignados. También siguen sin avances presupuestarios obras de construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares, además de intervenciones comunitarias y deportivas en distintos municipios de la provincia.
Los mayores desembolsos se concentran sobre todo en reconstrucción vial. La intervención urbana de Las Charcas registra RD$100.3 millones devengados de RD$112.5 millones asignados; la reconstrucción de la infraestructura vial urbana de Azua de Compostela acumula RD$74.7 millones de RD$112.5 millones aprobados, y la intervención vial en Guayabal suma RD$58.7 millones ejecutados de RD$75 millones presupuestados.
El balance deja una alerta institucional sobre la calidad de la ejecución presupuestaria: no basta con anunciar carteras millonarias si la mayoría de los proyectos sigue en cero. En provincias como Azua, el costo social de esa brecha recae sobre estudiantes, comunidades y sectores que continúan esperando obras ya incluidas en el presupuesto, mientras aumenta la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas sobre las prioridades reales del gasto público.