Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a Alexander Antonio Rodríguez, conocido como «Mello Cotorra», tras hallarlo culpable de captar a dos mujeres colombianas con falsas promesas de empleo y obligarlas luego a ejercer la prostitución en República Dominicana, bajo agresiones físicas, amenazas y abuso sexual. Más allá de la sentencia, el caso vuelve a exhibir una falla de control: la explotación avanzó hasta que una denuncia permitió intervenir.
Rodríguez fue declarado culpable de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en violación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. En el juicio se estableció que contactó por separado a las víctimas en Medellín, Colombia, les ofreció trabajos como camareras en el país y asumió los gastos de traslado, una ruta de engaño que terminó convirtiéndose en sometimiento y violencia.
Las mujeres entraron a territorio dominicano el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), sin conocer las verdaderas intenciones del acusado. Ya en el país, según el proceso, les impuso una supuesta deuda de 4,000 dólares, pagos semanales de 500 dólares y RD$5,000 por alojamiento. La única vía que les planteó para saldar esa carga era ofrecer servicios sexuales a clientes contactados por él, mientras el dinero quedaba bajo su control.
Las pruebas presentadas también establecieron amenazas, insultos, maltrato verbal, agresiones físicas e intimidación constante, además de la violación de una de las víctimas. El expediente sitúa el estallido del caso en enero de 2024, cuando un miembro del Ejército de República Dominicana intervino tras la denuncia de un ciudadano y sorprendió al hoy condenado golpeando y sometiendo a una de las mujeres.
La condena marca una respuesta judicial, pero también deja una pregunta de fondo sobre prevención, vigilancia y resultados: si una red de captación pudo concretar el traslado, la deuda coercitiva y la explotación antes de ser frenada, el problema no se agota en un solo condenado, sino en la necesidad de rendición de cuentas sobre cómo se detectan y se cierran a tiempo estos circuitos de abuso.