El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional que apruebe una resolución dirigida a exhortar al Poder Ejecutivo a incorporar en un presupuesto complementario los fondos necesarios para iniciar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición vuelve a poner sobre la mesa la presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que mantiene sin saldar una deuda ya reconocida mientras los afectados siguen a la espera.
La comunicación fue remitida a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, se busca que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los recursos requeridos en el actual ejercicio fiscal, en momentos en que la aplicación de la ley aún no se traduce en una respuesta efectiva desde Hacienda y las instancias encargadas del gasto.
La propuesta aparece luego del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora responsable de aplicar la Ley 16-26, paso que los contratistas consideran indispensable para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Aun así, el reclamo del gremio deja claro el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de los fondos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan cobrar por obras ejecutadas para el Estado. En ese escenario, la discusión deja de ser meramente administrativa y se convierte en una alerta sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de responder por una deuda que sigue cargando su peso sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también planteó que la eventual resolución sea enviada al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.