SANTO DOMINGO. – La denuncia del juez José Alejandro Vargas contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) volvió a poner bajo revisión la forma en que se aplican criterios administrativos en servicios públicos sensibles. El magistrado afirmó en la red social X que, al acudir a renovar su licencia de conducir, recibió un documento válido por dos años en lugar de los cuatro años habituales, con la explicación de que ya ha superado los 65 años.
De acuerdo con su exposición, la institución justificó la medida alegando que a partir de esa edad pueden presentarse condiciones de salud que representarían un riesgo para la conducción vehicular. Vargas sostuvo que la situación le generó frustración porque, a su juicio, contradice el principio de igualdad establecido en la Constitución dominicana, en particular el artículo 39, que prohíbe la discriminación por edad.
El juez recordó además que el Tribunal Constitucional ha establecido en decisiones reiteradas que el Estado no solo debe evitar prácticas discriminatorias, sino también garantizar protección especial a las personas adultas mayores. Su señalamiento introduce una alerta institucional sobre los criterios con que se presta este tipo de servicio y deja abierta la exigencia de explicaciones sobre si el procedimiento aplicado por el Intrant se ajusta al mandato constitucional de igualdad.