La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para reclamar una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los fondos públicos destinados a la reforma policial entre 2021 y 2026. La organización sostiene que, antes de abrir una nueva etapa, el Gobierno debe rendir cuentas por el dinero ya ejecutado y por los resultados alcanzados.
La petición fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador está facultado para ordenar una auditoría especial, según el artículo 10 de la Ley 10-04. El planteamiento coincidió con la presentación de un nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno dentro de la reforma policial, pero la dirigente opositora advirtió que no puede seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero qué ocurrió con los recursos ya destinados al proceso.
Reynoso indicó que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. Sin embargo, señaló que persisten cuestionamientos sobre el impacto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que, a su juicio, hace inevitable revisar el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría establecer el monto total invertido entre 2021 y 2026, los recursos administrados mediante el fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. También serviría para determinar si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de realizar auditorías. Con ese antecedente, la solicitud opositora se presenta como una advertencia institucional sobre una reforma que ha sido ampliamente promovida desde el poder, pero que sigue obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.