Médicos, clínicas y gremios profesionales llegaron al Congreso Nacional con un planteamiento que pone bajo revisión el alcance del nuevo Código Penal: solicitaron modificar el régimen de responsabilidad penal médica porque entienden que la Ley núm. 74-25 no separa con suficiente claridad la negligencia punible de los errores involuntarios o de las complicaciones científicas inevitables.
La posición fue presentada por un frente unificado en el que figuran, entre otros, el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Cirujanos, gremios de enfermería y el Colegio de Odontólogos. Su propuesta es reservar la vía penal para los casos de dolo, abandono deliberado del paciente o negligencia temeraria manifiesta, y dejar los errores humanos cometidos de buena fe bajo responsabilidad civil, mediante indemnizaciones pecuniarias.
Los profesionales afirman que la redacción actual criminaliza el ejercicio médico y fomenta la llamada medicina defensiva, con efectos directos sobre el servicio. Según advirtió el gremio de cirujanos, esa dinámica encarece la atención y retrasa decisiones en emergencias y quirófanos.
Además, pidieron que cualquier acción penal del Ministerio Público esté precedida por un dictamen técnico de médicos-legistas independientes. El Colegio de Odontólogos, de su lado, reclamó excluir de la persecución el uso legítimo de anestésicos y sedantes esenciales para la práctica.