Las dudas sobre soberanía, símbolos patrios y derechos constitucionales han ido en aumento durante la gestión del presidente Luis Abinader, en un escenario donde el discurso oficial de respeto a la identidad nacional contrasta con hechos que, según el texto, apuntan en dirección opuesta. Pese a que el mandatario ha afirmado que su gobierno honra la memoria de los Padres de la Patria y mantiene un respeto riguroso por los símbolos nacionales, se sostiene que en estos seis años se han acumulado episodios que alimentan interrogantes sobre la firmeza institucional del Estado.
La presión de organismos internacionales sobre decisiones internas de la República Dominicana concentra parte del señalamiento. El texto cita a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Foro Económico Mundial Davos como actores asociados a una agenda de fronteras abiertas y críticos de políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados. También advierte que, frente a medidas de seguridad fronteriza y a la aplicación de leyes migratorias internas, esos organismos amenazan con sanciones económicas y legales, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para defender la soberanía sin ambigüedades.
La controversia volvió a activarse mientras el Congreso revisa la Ley 74-25 que instituye el Código Penal. En ese marco, la ONU envió una comunicación para solicitar cambios sobre la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV y el respeto a la igualdad de género u orientación sexual. Para los críticos, el episodio no solo representa una alerta institucional por la injerencia en asuntos internos, sino que también exhibe el desgaste de una gestión que, pese a su retórica, sigue sin despejar las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a defender las decisiones soberanas del país.