Dos pequeñas empresas de Estados Unidos demandaron este viernes al Gobierno estadounidense por los nuevos aranceles aprobados por Donald Trump, de entre 10 y 12,5 %, a importaciones de sesenta economías por “no combatir el trabajo forzoso”, en una nueva disputa que coloca bajo escrutinio la forma en que se sostiene esa política comercial.
La medida fue anunciada en la víspera, después de la expiración del gravamen global del 10 %, que había sustituido aranceles previos declarados ilegales por el Tribunal Supremo. El nuevo paso de Washington se apoya ahora en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero la demanda sostiene que el Gobierno “no puede preservar una política global arancelaria simplemente moviéndose de un estatuto a otro” y acusa al representante comercial, Jamieson Greer, de “actuar arbitraria y caprichosamente” al imponer gravámenes “casi uniformes”.
El bufete Liberty Justice Center, que ya tuvo un papel clave en la anulación de los llamados “aranceles recíprocos”, presentó la acción en nombre de Burlap & Barrel y Collective Horology ante el Tribunal Internacional de Comercio. El caso no discute la necesidad de combatir el trabajo forzoso, sino la autoridad usada para imponer una política de alcance global, un contraste que vuelve a poner el foco en controles institucionales y en la necesidad de vigilancia sobre decisiones de poder con impacto económico. Para el gobierno dominicano, como para otros de la región, el episodio funciona como advertencia sobre la fragilidad de medidas unilaterales y la importancia de exigir transparencia y previsibilidad en escenarios que pueden afectar comercio y gestión pública.