Pese a que la pena solicitada bajó de 24 a 13 años, el frente judicial que rodea a Begoña Gómez sigue abierto. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa encaminada a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia de Madrid avalara esa vía y de que la acusación popular reformulara este lunes su escrito.
En su nueva petición, la acusación reclama dos años de cárcel por tráfico de influencias, tres por un delito continuado de malversación y ocho por un delito de malversación no continuado. La causa examina la gestión de una cátedra vinculada a la Universidad Complutense de Madrid. Según el escrito, Gómez asumió la codirección sin proceso de selección ni constancia de la titulación necesaria, y además se le atribuye el supuesto uso de recursos públicos al destinar a actividades privadas el trabajo de una asesora pagada con fondos del Estado.
El procedimiento también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, para quien la acusación rebajó la petición de 22 a seis años de prisión. Al mismo tiempo, pidió la comparecencia de cerca de un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al sostener que el Palacio de la Moncloa habría servido como espacio de relaciones para el proyecto investigado. Más allá del ajuste en las penas, el expediente conserva un contraste incómodo entre el discurso del poder y las exigencias de control sobre el uso de estructuras y fondos públicos.