Una decisión de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional colocó bajo mayor escrutinio la operación vinculada a la central eléctrica flotante Karpowership en Puerto Viejo, Azua, al imponer una medida de coerción real por US$5 millones contra Dynex Energy Group, Dynex Energy RD, S.R.L. y su representante local, Carlos Matamoros Bregni. La jueza Clara Luz Almonte autorizó a Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC) a ejecutar embargos retentivos, conservatorios e hipotecas judiciales provisionales sobre bienes muebles e inmuebles de los imputados.
El tribunal sustentó la medida en la existencia de un “crédito justificado en principio” y en la necesidad de “evitar la insolvencia inminente del imputado”, un criterio que refuerza la dimensión institucional del caso y vuelve a poner el foco en la vigilancia sobre operaciones de alto impacto económico. Aunque la jueza acogió las medidas cautelares reales, rechazó el impedimento de salida del país contra Matamoros Bregni al considerar que su condición de extranjero no bastaba para presumir peligro de fuga y que no se presentaron elementos suficientes para esa restricción.
Según explicaron los abogados de la parte querellante, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares, el embargo alcanza no solo bienes de Dynex y Matamoros Bregni, sino también sumas que terceros les adeuden o deban desembolsar por la operación de las barcazas en Azua, las cuales quedan congeladas hasta cubrir el monto autorizado. De acuerdo con los documentos presentados, la disputa parte de un acuerdo del 25 de mayo de 2018 mediante el cual Dynex designó con exclusividad a TEPC como socio local para desarrollar el proyecto de generación térmica en el país, un conflicto que ahora escala judicialmente y reabre preguntas sobre supervisión, transparencia y resultados en torno a este tipo de operaciones.