Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para los próximos cinco años con una agenda enfocada en seguridad, reforma carcelaria y un incremento de 15 % al salario mínimo, que pasará de 1,130 a 1,300 soles. En su mensaje inaugural, además, adelantó que solicitará al Parlamento facultades legislativas para combatir la inseguridad, en un inicio que mezcla promesas de respuesta inmediata con nuevas exigencias de vigilancia sobre el ejercicio del poder.
La ceremonia de juramentación, realizada en el Congreso durante el día nacional de Perú, selló el regreso del fujimorismo al Gobierno casi veintiséis años después de la dimisión por fax de Alberto Fujimori desde Japón, luego de que estallara un enorme escándalo de corrupción en su Administración. Antes del discurso, legisladores de izquierda abandonaron el hemiciclo al grito de “¡Justicia para las víctimas!” y mostraron fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato del exgobernante, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída de Pedro Castillo.
Fujimori afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por la improvisación”, con una ineficiencia estatal calculada en 40,000 millones de soles al año. También prometió ajustarse a un mandato de cinco años, “ni un año más”, frente al temor de sus opositores a una eventual perpetuación. Ese contraste entre el diagnóstico y la petición de mayores poderes al Congreso deja abierto desde el primer día un frente de fiscalización política sobre seguridad, derechos y capacidad real de gestión.