La solicitud de tres meses de prisión preventiva contra la cantante urbana Ashley Mariel Sánchez Victorino, conocida como “Masha”, y otros dos jóvenes vuelve a poner el foco sobre un problema que sigue llegando a los tribunales: la circulación de armas de fuego sin permiso legal. El Ministerio Público presentó la petición tras la detención ocurrida el 9 de mayo en la avenida Mella, en el sector Andrés de Boca Chica, donde los ocupantes de una yipeta Honda CRV blanca fueron arrestados durante un operativo.
Junto a Masha fueron detenidos Karla Julisa Rodríguez, de 19 años, quien conducía el vehículo, y Alexander Martínez Nolasco, de 18. Según el expediente instrumentado por la fiscal Zayra Soto, durante la requisa fueron ocupadas dos pistolas Glock calibre 9MM: una con su cargador y cuatro cápsulas, otra sin cargador, además de un cargador de 30 cápsulas con 10 municiones adicionales, ubicado al lado de la palanca de cambios.
La acusación fue sustentada en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y Municiones. El fiscal litigante Tito González sostuvo que la prisión preventiva es la medida necesaria para evitar que los imputados evadan la justicia. Más allá del expediente, el caso vuelve a exponer la necesidad de vigilancia y resultados efectivos frente al porte ilegal de armas, un tema que mantiene bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las autoridades.