La suma de 93 muertos en lo que va de 2026 en supuestos intercambios de disparos entre policías y delincuentes, junto con ocho agentes fallecidos en servicio, somete a presión la narrativa oficial sobre la seguridad y deja al descubierto un panorama de violencia que sigue golpeando al país. Solo entre enero y mayo, el promedio alcanza 18 presuntos malhechores abatidos por mes, en contraste con los informes que reportan una disminución de los homicidios vinculados a la delincuencia y la criminalidad.
La propia ministra de Interior, Faride Raful, reconoció la complejidad del problema al señalar que muchos miembros de la Policía son atacados a tiros durante operativos. No obstante, el dato más sensible continúa siendo otro: la mayoría de esos casos no son investigados porque se da por válido el criterio policial. Ese patrón alimenta la preocupación institucional sobre hechos que, por su gravedad, exigen verificación y no solo versiones oficiales.
Por su parte, el director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que las actuaciones responden a “una planificación estratégica” y que no existen órdenes de ejecución, al sostener que quien no enfrenta a la institución es apresado y enviado al Ministerio Público. Aun así, episodios como la muerte del sargento Adolfo Miguel Mella Brito y de tres supuestos delincuentes en enfrentamientos ocurridos en Santo Domingo Oeste, Villa Mella y el kilómetro 14 de la autopista Duarte muestran que el problema rebasa el discurso y mantiene abierta una alerta sobre resultados, controles y responsabilidades.