Luis Henry Molina comunicó al Consejo Nacional de la Magistratura que no procurará continuar en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una decisión formalizada en una carta dirigida al presidente Luis Abinader en su condición de presidente de ese órgano constitucional. El movimiento coloca otra vez al CNM en el centro de una definición institucional sensible y obliga a escrutar la respuesta del Gobierno dominicano en un ámbito donde el discurso de fortalecimiento institucional deberá medirse contra decisiones concretas.
En su comunicación, Molina sostuvo que deja una estructura con bases sólidas para seguir fortaleciendo el servicio de justicia y presentó un balance de su gestión al frente del máximo tribunal. Entre los resultados citados figuran la resolución del 90% de los casos en un año o menos, la reducción del tiempo promedio de tramitación del recurso de casación de 707 a 27 días, la publicación de más de 450,000 decisiones judiciales en Juristeca, así como referencias al aumento de la confianza ciudadana y al reconocimiento del World Justice Project. Precisamente por el peso de esos datos, la salida de Molina de la carrera por otro período desplaza la atención desde el balance oficial hacia la responsabilidad del CNM encabezado por Abinader.
La transición abre una prueba de transparencia, continuidad y rendición de cuentas para el Gobierno, en momentos en que cualquier relevo en la cúpula judicial vuelve inevitable el contraste entre la narrativa institucional y la forma en que el poder administra sus decisiones más delicadas.