Luis Henry Molina anunció que no buscará un nuevo período al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, una decisión comunicada al presidente Luis Abinader que abre un nuevo momento de vigilancia sobre el manejo institucional del relevo. Aunque el magistrado sostuvo que el Poder Judicial deja “bases sólidas” tras siete años de gestión, su salida traslada al Consejo Nacional de la Magistratura la responsabilidad de conducir una sustitución sin fisuras en un órgano clave del Estado.
En su carta, Molina defendió su gestión con cifras como la reducción del tiempo de tramitación de recursos de casación de 707 a 27 días, la resolución del 90 % de los casos en un año o menos y la publicación de más de 450,000 decisiones en la Juristeca. También citó la eliminación de la mora judicial histórica, el fortalecimiento de la carrera judicial y la modernización tecnológica. Pero el cambio de mando vuelve a poner a prueba si esos avances institucionales dependen de una gestión saliente o si realmente quedaron consolidados más allá del discurso oficial.
El escenario se amplía con la decisión de Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Segunda Sala de la SCJ y secretaria del CNM, de no optar por la renovación de su cargo. Molina seguirá en funciones hasta que el CNM complete la evaluación y escoja a su sustituto, en una transición que ahora queda bajo fiscalización pública y política por su impacto en la estabilidad del sistema judicial y en la capacidad del gobierno de Abinader para administrar un proceso sensible sin ruido institucional.