La Constitución y la Ley Orgánica de la Policía atribuyen a los agentes la protección de los derechos y bienes de las personas, pero varios casos recientes de violencia contra mujeres han vuelto a cuestionar ese deber en el ámbito intrafamiliar. En lo que va de 2026, al menos dos agentes policiales han estado implicados en las muertes de sus parejas, en un contexto en el que hasta el primer trimestre se registraban 22 feminicidios.
La madrugada del pasado miércoles, el sargento policial Railin de la Rosa disparó contra su pareja y madre de su hijo de siete años, Yessika Álvarez, de 26 años, en Barrio Nuevo, de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional. Una jueza le impuso tres meses de prisión preventiva. Ese mismo miércoles murió Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, tras permanecer varios días hospitalizada luego de ser herida de bala por su pareja, Adonis Pimentel, raso de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en Los Frailes, Santo Domingo Este.
El pasado 2 de mayo, el miembro de la Policía Leonardo Antonio Novas se suicidó tras una discusión con su pareja, la también agente Crisleidy Núñez. Los antecedentes muestran que no se trata de episodios aislados: de los 47 feminicidios reportados entre enero y octubre de 2025, el 20.4 % de los agresores pertenecía a instituciones militares o policiales, de acuerdo con el boletín Radiografía de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual 2015-2025 de la Procuraduría General de la República. Aunque el mayor porcentaje correspondía a empleados privados y trabajadores independientes, con 51.02 %, la recurrencia de casos vinculados a cuerpos armados refuerza la presión para revisar vigilancia, prevención y respuesta institucional.