Bogotá, 6 jun (EFE).- Un año después del atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, el caso sigue marcando la discusión pública no solo por su efecto en la elección presidencial de 2026, sino por las señales de fragilidad institucional que dejó al descubierto. Uribe Turbay fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá, y falleció el 11 de agosto tras más de dos meses ingresado en la Clínica Santa Fe.
La Fiscalía General de la Nación ha informado de la captura de nueve personas por el homicidio, cuatro de ellas ya condenadas, entre estas el adolescente que disparó. En el juicio, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, afirmó que «el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia», una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. Aunque la investigación avanza, el crimen sigue siendo una referencia obligada sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad en medio de una campaña presidencial.
El profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, dijo a EFE que el asesinato supuso una alerta de seguridad para la campaña y la «tensó». Aunque señaló que «no hubo que deplorar más atentados graves contra candidatos en esta campaña», también advirtió que lo ocurrido refleja «la situación difícil que existe en materia de seguridad en algunas regiones del país». En ese contexto, el caso también incidió en la dinámica interna del Centro Democrático, donde Uribe Turbay era, según encuestas internas del partido, favorito para la candidatura presidencial, en medio de una crisis por denuncias de una presunta estrategia de manipulación y de una campaña para favorecer su aspiración frente a las de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.