La polémica por mercancías declaradas en tránsito hacia Haití volvió a poner al Gobierno dominicano bajo la exigencia de dar una respuesta concluyente. La denuncia sostiene que productos que ingresan al país bajo ese régimen, sin pagar los impuestos propios de una importación destinada al mercado local, no estarían llegando a su destino final y acabarían comercializándose en territorio dominicano.
Mientras algunas empresas han negado las acusaciones y entidades empresariales reclaman que cualquier señalamiento se apoye en una trazabilidad verificable, el fondo del asunto sigue abierto: si hay un mecanismo de evasión o si se trata de una disputa de intereses que escaló sin una aclaración oficial suficiente. En cualquiera de los escenarios, la tarea de precisar qué ocurre recae en las instituciones con capacidad de control y fiscalización.
Por ahora, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, ha anunciado controles más estrictos para garantizar que las mercancías en tránsito crucen efectivamente la frontera, al tiempo que el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que esa entidad puede revisar facturas, compras, importaciones y ventas para reconstruir la cadena de comercialización. Aun así, esas respuestas no han despejado con la contundencia esperada la cuestión de fondo. El presidente Luis Abinader adelantó que la Dirección General de Aduanas ofrecerá más detalles sobre el caso, en un escenario que acentúa el contraste entre la promesa de control y la necesidad de resultados verificables.