Cuando aprieta una crisis, la política dominicana suele activar una secuencia ya conocida: el Gobierno de turno anuncia sacrificios, los partidos se sientan a negociar y, al final, la población termina absorbiendo el costo real del ajuste. Ese patrón, visible en la crisis inflacionaria de 1990, la debacle bancaria de 2003, el shock pandémico de 2020 y la presión externa de hoy asociada al alza del petróleo y la incertidumbre internacional, vuelve a poner en el centro la exigencia de vigilar cómo responde el poder cuando se erosiona el poder adquisitivo.
El repaso demuestra que, aunque cada episodio tuvo causas y protagonistas distintos, la reacción de la clase política ha repetido una constante: dialoga cuando la presión aumenta, pero casi nunca entra al núcleo del gasto político. En 1990, con la inflación desbordada, una caída del PIB de alrededor de 5.5 %, desabastecimiento y filas en estaciones de combustible, la respuesta adoptó forma institucional con el Pacto de Solidaridad Económica impulsado por Joaquín Balaguer junto a actores económicos, políticos y sociales.
Ese contraste con episodios posteriores refuerza una advertencia institucional en la coyuntura actual: más allá del discurso de concertación, la discusión de fondo sigue siendo quién asume el costo del ajuste y qué parte del aparato político está dispuesta a revisarse a sí misma. En ese escenario, la exigencia de rendición de cuentas y de priorizar el impacto social de las decisiones públicas vuelve a ocupar el eje del debate.