Alberta, una de las diez provincias de Canadá y también una de las más ricas del país, vuelve a ver crecer el movimiento separatista en medio de las críticas al gobierno central por el aprovechamiento de las riquezas locales y por decisiones que, según sus impulsores, recortan los beneficios que recibe la provincia. La disputa gira sobre todo en torno al petróleo, el gas y el atractivo turístico de sus parques nacionales, mientras sectores conservadores sostienen que Ottawa se queda con buena parte de esos recursos y que Alberta recibe menos de lo que aporta.
Ese separatismo, que además incorpora posiciones favorables a una eventual anexión a Estados Unidos, aparece ahora con una organización mayor que en décadas previas. Entre sus planteamientos se repiten el desbalance fiscal, el exceso de control federal sobre el desarrollo energético, la escasa representación política del Oeste frente al peso de Ontario y Quebec, y la demanda de control total sobre los recursos naturales. Todo ello ha reforzado una narrativa de desgaste institucional y de distancia entre las decisiones del poder central y las prioridades locales.
Pese a que el respaldo popular se mueve entre el 20 % y el 30 % y hoy no bastaría para imponerse en un referéndum, su avance funciona como advertencia sobre un malestar político que sigue sin resolverse. A ello se suma el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que forma parte del entorno internacional que impulsa a un movimiento cuya influencia continúa en ascenso.